Los Retos del Derecho Notarial frente al Avance de las Nuevas Tecnologías

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Chary Rodríguez-Cadilla Ponce. Abogada-Perú.

Los nuevos adelantos científicos y tecnológicos, enfrentan al Derecho, como ente regulador de la vida social, a nuevos retos que inciden en sus diferentes ramas, principios e instituciones: entre ellas el Notariado; y que demandan respuestas para evitar los problemas que se generan ante la existencia de vacíos legales.

Recordando los orígenes de por qué surge la figura del Notario y con él, el Derecho Notarial, es necesario apelar al concepto de seguridad jurídica, concepto que se encuentra en la génesis misma de la naturaleza de la función notarial cuya tarea de recibir, interpretar las manifestaciones de voluntad de quienes recurren ante él: “…la única manera de eternizar las voluntades es por medio de la captación de hechos, para que permitan con posterioridad conocer su contenido, conservarlo en forma perdurable y trascendente.” (Mora, 2013:65). Sin embargo, la revolución tecnológica y la innovación permanente que caracterizan el mundo actual obligan a variar los medios perdurables de evidenciar los hechos humanos, los cuales, ya no tienen como única presentación la dimensión física y corpórea, sino también virtual.

¿Cuál es el papel de un abogado en la gobernanza en internet?

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antunezDr. David Alonso Santiváñez Antunez – Presidente del Centro de Estudios e Investigación de Derecho y Tecnologías (CEDETEC)

Alguna vez, durante mis años de formación académica, un sabido hombre de barba tupida, Constitucionalista a capa y espada, me hablaría de la Soberanía del Derecho en su enfoque territorial y la primacía del mismo sobre y para mi nación; y me aclaraba con una prosa poseída que lo más importante del Derecho era responder la interrogante «¿En dónde se ejerce mi norma?» A lo que en su monólogo respondía: «En mi propio lugar, en mi territorio».

Años más tarde se marcaría un nuevo concepto en mi enfoque académico ––y creo que de vida––. Obsesionado con la primacía de Internet para con los hombres y su ejercicio diario, escuché atento a un hombre de ICANN1 pronunciarse sobre la Gobernanza en Internet y afirmar que «Nadie es dueño de Internet», y que, a pesar de estar al servicio de los hombres ––si así lo desean ver–– «no le pertenece a ninguno de ellos». Tajante en sus palabras, marcó la mente de muchos que lo escuchamos. Sin embargo, soy un abogado de Internet y Tecnologías, y por ello me resulta tan inverosímil no pensar en una propia disputa a transcribirse en teoría: «¿Cuál es el Papel de Un Abogado en la Gobernanza en Internet?»

La evidencia digital como medio cognitivo en Colombia a partir de protocolos ISO

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AnaMesaAna María Mesa Elneser (Colombia)

Aspecto problemático:

La investigación científica en escenarios criminales (Dowrkin, 1986) esta designado, en un Estado social del derecho al ámbito público, como parte de su función delegada a través de las unidades que componen el poder judicial art. 200 y subsiguientes C.P.P. (Congreso de la Republica de Colombia, 2004) en unidades de investigación, protocolos, laboratorios y peritos forenses certificados, además de la dependencia directa al Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la cual constituye unidad adscrita a la Fiscalía General de la Nación.

Igualmente participa el ámbito privado en los actos de investigación e indagación, reconociendo su intervención en calidad de Órgano Técnico – Científico art. 204 C.P.P., legitimado en un principio denominado, libertad de la prueba art. 373 y 380 C.P.P., que admite la utilización de protocolos, laboratorios y peritos forenses certificados, siempre y cuando su actuar se ejecute respetando los derechos humanos consagrados para el ciudadano desde la promulgación de la Constitución Política de 1991, (Comisión Interinstitucional para la Implementqación del Sistema Acusatorio, 2005).

Partiendo de este escenario Público-Privado en materia de investigación criminal para Colombia, se hace necesario un análisis reflexivo en cuanto a los protocolos de investigación forense aplicables en la obtención de la evidencia digital, la cual a su vez no se encuentra regulada de forma expresa en el Código Procesal Penal, art. 275: